Las otras barricadas: las de la corrupción

Tomado del periódico Excelsior.

Razones
Por: Jorge Fernández Menéndez

Al momento de escribir estas líneas, ya entrando la noche del domingo, la Policía Federal Preventiva aún no terminaba de recuperar el centro de la ciudad de Oaxaca y se habían dado algunos enfrentamientos importantes tanto en esa ciudad, como otros menores, con miembros de la APPO (en realidad de los organismos de superficie del EPR), en la capital del país. La noche, sin duda, será tensa, pero es difícil pensar en enfrentamientos generalizados: como hemos señalado en otras oportunidades, el EPR tiene en Oaxaca unos 300 militantes armados y otros 200 en el área metropolitana de la Ciudad de México. Independientemente de su lógica ultrarradical, esta organización parece haber aprendido algo de los hechos de hace diez años, cuando después de los ataques a Tlaxiaco y Huatulco fueron prácticamente desmembrados por las fuerzas de seguridad, un golpe del que sólo se recuperaron gracias al ahora diputado José Murat, quien sigue siendo la mano que mece la cuna en el conflicto oaxaqueño y, si no, ahí está la estrecha relación de Murat con Flavio Sosa para comprobarlo.

La asociación, aunque parezca tan contradictoria, del muratismo y el EPR, es un símbolo de la crisis que aqueja a Oaxaca y que, fuera de lo que ocurra en las próximas horas, después de que la PFP recupere el centro de la ciudad y los maestros previsiblemente regresen a clases hoy, confirma por qué el trabajo político en ese estado apenas comenzará cuando se den esas condiciones mínimas.

En la crisis de Oaxaca están metidas demasiadas manos y casi ninguna lo hace con un interés legítimo por el futuro de la entidad. Habrá un espejismo de orden en las próximas horas, después de la violencia y los enfrentamientos inevitables que van a ocurrir, pero será eso un espejismo que distará mucho de convertirse en realidad si no se actúa en forma política seria.

Algunos dirán que el presidente Fox cumplió su palabra y finalmente intervino en el estado y evitó que el conflicto cayera en manos de la siguiente administración.

Pero no es estrictamente así: el Presidente ordenó intervenir porque luego de los enfrentamientos del viernes ello era inevitable, sobre todo después de la muerte de un estadunidense, que fue mucho más determinante que la de catorce oaxaqueños (esa es la cifra oficial, en realidad, ha habido muchas más víctimas), luego de la exigencia formal presentada por el embajador Tony Garza. Pero, con o sin esa queja, era imposible seguir pensando que se podía continuar sin enviar la fuerza pública al estado. La Policía Federal Preventiva recuperará la ciudad, pero será a un costo mucho mayor al que se habría pagado si esa decisión se hubiera adoptado hace unos meses (o por lo menos hace unas semanas).

Vienen dos procesos muy complejos: por una parte, castigar a los dirigentes de la APPO que han cometido delitos graves. No puede haber impunidad en ese sentido, porque ello será la mejor garantía de que esos hechos se repitan en el futuro muy cercano. El corazón de la APPO está formado por militantes del EPR y perredistas de los grupos más radicales y también más corruptos. Ello no implica que, por ejemplo, ese corazón esté integrado por varios de los "dirigentes guerrilleros" que mostró, según documentos de "inteligencia", el gobierno de la entidad: si Ulises Ruiz y su gente creen que esa es información e inteligencia están perdidos y sólo por ese grado de ignorancia política se puede comprender por qué han perdido desde tiempo atrás la gobernabilidad del estado.

Lo cierto es que los grupos realmente pertenecientes al EPR ya aprendieron y difícilmente presentarán frente en forma abierta al gobierno federal, pero continuarán desafiándolo si no hay cambios notables en la entidad. Y ello tendrá que pasar por otro ajuste de cuentas, éste, con el gobierno estatal.

La administración de Ulises Ruiz oscila entre la soberbia y la ignorancia de una forma lastimosa: no ha habido ni siquiera una autocrítica sobre lo sucedido.

No sé si entre los acuerdos que se han tejido para tratar de encontrar una salida a la crisis esté incluida la licencia de Ruiz o no, pero por una simple razón de sentido común el primer interesado en que haya cambios políticos en el estado debería ser el PRI.

Lo sucedido es un certificado de que su capacidad política en la entidad, que ha sido uno de sus principales referentes electorales en el pasado, se ha perdido luego de ocho años de torpezas, soberbia y autoritarismo.

Mucho de lo que ocurre hoy en Oaxaca sólo puede explicarse por la resistencia de esos grupos a rendir cuentas con respecto a cómo utilizaron los recursos públicos federales destinados al gasto social mediante el ramo 33 del Presupuesto, que suma varios miles de millones de pesos y llevó, incluso, al ex gobernador Murat, a iniciar una controversia constitucional para evitar ser auditado por la Federación. Durante todo su sexenio y lo que va del de Ruiz, a pesar de las profundas diferencias personales que han surgido entre ambos (que no impiden, por ejemplo, que el yerno de Murat sea el representante del gobierno de Ulises en el Gobierno del Distrito Federal), no han rendido cuentas de los recursos que se les han entregado (98% del presupuesto del estado depende de recursos federales) y allí está el eje del conflicto.

Pero el hecho es que la Suprema Corte de Justicia ha dado la razón a la Federación y las mencionadas auditorías están en marcha y tendrán que informarnos a dónde fue esa enorme cantidad de dinero destinado a combatir la pobreza en uno de los tres estados más pobres del país.

El priismo, por supuesto, puede armar sus propias barricadas para defender al gobernador, pero será responsabilidad de éste, o más probablemente del próximo gobierno, desmontarlas, como se hizo ahora con las de la APPO, si se quiere, ya no sólo normalizar la vida del estado, sino incluso moralizar una vida y una dirigencia política que se ha pervertido por la corrupción institucionalizada.