Itinerario Político
Ricardo Alemán
29 de octubre de 2006
Se debieron perder 15 vidas para decidir el uso de la fuerza
Por donde se le quiera ver, resulta indignante y ofensivo para los ciudadanos que depositaron el mandato en Vicente Fox, que el Presidente haya decidido la intervención de la fuerza pública en Oaxaca luego de 160 días de disturbios, de una violenta rebelión social que arrojó la muerte de 15 personas y que durante cinco meses convirtió al centro de la capital oaxaqueña en el territorio de una dolorosa guerra civil entre hermanos.
Debieron pasar poco más de cinco meses, 160 días; se debió perder el ciclo escolar para miles de niños y jóvenes, debieron perder la vida por lo menos 15 personas, se debieron secuestrar el zócalo oaxaqueño, estaciones de radio y canales de televisión; se debió derruir la economía de Oaxaca y el estado de derecho; se debió llegar a la ingobernabilidad y la inestabilidad política y social de esa entidad; y se debió convertir a Oaxaca en un foco de subversión en el que participan grupos sociales vinculados con guerrillas como el EPR, para que el presidente Fox decidiera el envío de la fuerza pública a Oaxaca.
Y no sabemos si la anunciada intervención policiaca resultará eficaz y se llevará a cabo en forma quirúrgica -como todos desearían-, o si terminará en un saldo aún más lamentable -porque enviamos estas líneas la tarde de ayer sábado-, pero lo cierto es que la respuesta oficial es tardía, insuficiente y como un recurso desesperado ante el fracaso del diálogo, la negociación y el ejercicio del gobierno. Hasta el final de su gestión, Vicente Fox demuestra que estuvo muy lejos del estadista y el gobernante capaz de entender su papel en la defensa de la vida y los bienes de las personas, en su misión como garante de la gobernabilidad y la estabilidad de la República, y como el verdadero jefe de las instituciones federales, esas que son responsables de hacer valer el respeto a la ley y la aplicación de la justicia.
Temor a la historia
¿Qué pasó con Vicente Fox? ¿Por qué su temor al uso de la fuerza pública? ¿Por qué la tardanza en una respuesta eficaz? El fracaso de la política en el caso de Oaxaca y las incapacidades mostradas por Vicente Fox para el ejercicio de sus responsabilidades como jefe de gobierno y de Estado, se explican por dos variables que, a querer o no, sintetizan al fracasado gobierno foxista. Nos referimos al temor de contaminar con el conflicto de Oaxaca el proceso electoral del pasado 2 de julio, y el temor de pasar a la historia como "un presidente represor". Los temores del presidente Fox están en el fondo de un conflicto cuyo desbordamiento hoy lo obliga a lo que se resistió durante cinco meses; al uso de la fuerza pública, una de las facultades del encargo que le encomendaron los ciudadanos desde julio de 2000.
Fox se resistió a meter la mano en el conflicto de Oaxaca, hace 160 días, porque sabía que el germen de esa protesta tenía un alto contenido político. Lo que era un legítimo reclamo del magisterio fue tripulado por los adversarios del gobernador Ulises Ruiz -enemigos locales y nacionales vinculados con el PRD, con Convergencia, y con ex gobernadores como José Murat-, que amenazaba con un vulgar cobro de facturas políticas y que empleaban como instrumento de presión el chantaje de "ensuciar" la elección presidencial del 2 de julio pasado. Y por supuesto que no se puede acreditar toda la responsabilidad al presidente Fox. Está claro que detrás del detonante del conflicto está la incapacidad política del gobernador Ulises Ruiz, quien en poco más de un año logró lo impensable: unificar a todos los sectores oaxaqueños, pero en su contra.
Cuando se habían superado los momentos políticos más explosivos en el terreno federal: la elección presidencial y la conflictiva etapa postelectoral; cuando era tiempo de atender la crisis de Oaxaca mediante una agresiva negociación política o mediante el uso de la fuerza pública -porque el centro de la capital oaxaqueña ya era tierra de nadie y era evidente la participación de grupos vinculados con guerrillas como el EPR-, el presidente Fox ofreció otro pretexto que mostró su temor a pasar a la historia como un "presidente represor". Dijo al diario The Wall Street Journal -a una pregunta sobre la ausencia de autoridad en Oaxaca-: "Cuando alguien rompe el orden institucional, aunque sea con la toma de una calle o carretera, el uso de la fuerza es legítimo. Sin embargo, en la sociedad mexicana no existe la cultura política para aceptarlo. Por eso no se lleva a cabo".
El 21 de agosto pasado, a propósito de esa declaración del Presidente, preguntamos en este espacio: "¿No está lista la sociedad mexicana para aceptar el legítimo uso de la fuerza pública? ¿No será que es el Presidente el que no está listo para entender el papel y la responsabilidad que asumió el 1 de diciembre de 2000 al protestar como Presidente?". Y concluimos así: "Si Fox no quiere emplear la fuerza pública contra aquellos que mediante la violencia pretenden cambiar el orden institucional -sean o no justas sus demandas-, lo único que consigue es estimular que sea la fuerza, la violencia, el chantaje, lo que valga para resolver las controversias. No se intervino en Oaxaca, para no contaminar la elección federal, luego para no contaminar la crisis postelectoral. Y ahora porque ´la sociedad no está preparada´. ¿Entonces qué? ¿Esperaremos a que venga el Espíritu Santo? Al tiempo".
Fracasa la política
Era importante el ejercicio de memoria, porque a la distancia es posible entender el tamaño de la irresponsabilidad de los gobiernos municipal, estatal y federal, en el caso Oaxaca, cuya carga compartida -por omisión o comisión-, hizo posible que la crisis oaxaqueña llegara al nivel máximo de violencia, de ingobernabilidad e inestabilidad política y social; que se empujara a Oaxaca no sólo a un mayor atraso educativo y social; a la destrucción de su economía y a una vergonzosa e insultante -insultante y vergonzosa por las ambiciones de poder de las partes en conflicto-, guerra civil entre hermanos.
En el fondo ese es el saldo más doloroso: que la política, el arte de hacer posible la convivencia entre las sociedades, haya sido el catalizador de la destrucción del tejido social en Oaxaca.
Pero ahora si, una vez que el más pobre de los estados de la Federación fue llevado a la ruina educativa, económica, social y política; una vez que fue convertido en el mejor ejemplo de la incapacidad de los tres niveles de gobierno, del fracaso de la política, ahora sí esos mexicanos en quienes "no existe la cultura del uso de la fuerza pública", tendrán que tragarse el uso de la fuerza pública. Ahora sí tendrán que entenderla, cuando hace dos, tres o cuatro meses el uso de esa fuerza pública pudo evitar la muerte de 15 personas, la quiebra económica del estado, el rezago educativo y cuando se pudo haber dado una muestra de grandeza para gobernar. Eso no lo entienden los hombres de poder, porque no pasa por sus ambiciones políticas y económicas.
Los señores Ulises Ruiz y Vicente Fox -en tanto mandatarios estatal y federal, respectivamente-, son los responsables director del entallamiento de la crisis y de que esa "papa caliente" creciera sin control hasta los niveles que alcanzó, Pero en el otro bando, son muchos los responsables de atizar el fuego de una hoguera que terminó en la anarquía total. Nos referimos a los líderes sindicales, en este caso del magisteriales; a los líderes sociales, como los de la APPO y, por supuesto, a los líderes de partidos políticos, como el PRD y Convergencia. Esos tres frentes del conflicto son el punto de origen y en los tres casos las reivindicaciones de Oaxaca están lejos de ser el motor de la crisis, porque el corazón de todo está en las disputas políticas, de poder y de dinero público. El control de Oaxaca como territorio político, y el uso de los dineros públicos, son los puntos en disputa.
Pero tampoco termina ahí la responsabilidad. En buena medida el conflicto se dejó crecer porque el naciente gobierno de Felipe Calderón se negó a una salida política, para garantizar de esa manera una alianza de futuro con el aún poderoso PRI. El PRI se negó a la caída de Ulises Ruiz, porque perdería una plaza en la geometría territorial del poder. El PAN, el gobierno de Fox y el equipo de Calderón se paralizaron para no romper con esa alianza. Ese acuerdo de poder arrastró a una institución del Estado mexicano que habría sido fundamental para encontrar una salida: al Senado de la República, que terminó en remedo de su propia historia. En pocas palabras, más allá de lo que significaba y significa la crisis para los oaxaqueños, el PRI defendió una posición de poder, el PAN defendió su alianza con el PRI, y el PRD estimuló la crisis y la caída de Ulises Ruiz, en su ambición de lograr otra plaza de poder y para saciar su sed de venganza política. Esa es la vergonzosa grandeza de la política mexicana y, por supuesto, de los políticos mexicanos.
APPO, maestros y guerrilla
Pero el de la intervención de la política en el grave conflicto que vive Oaxaca debe ser visto como un efecto, resultante de la causa. El origen debe buscarse en una doble descomposición social aderezada con el germen de los grupos guerrilleros que operan en Oaxaca. Como todos saben, la protesta partió de un reclamo legítimo del magisterio por lograr la retabulación salarial. Pero no era el reclamo anual, sino que en realidad se trataba de un "dardo envenenado". Detrás del magisterio operaban grupos políticos como el PRD, Convergencia y resentidos del PRI que pretendían cobrar la factura que significó la llegada al poder de Ulises Ruiz.
Sabedor de lo que había detrás de la protesta del magisterio, el gobernador Ulises Ruiz lanzó la policía a los maestros que, fortalecidos por los grupos vinculados con la guerrilla -y que crearon de inmediato la APPO-, cambiaron de inmediato su demanda. Pidieron la cabeza del gobernador Ulises Ruiz, olvidaron toda otra reivindicación, y con adiestramiento propio de una guerrilla urbana se propusieron el secuestro del centro de Oaxaca. Si bien en los primeros meses del conflicto no aparecieron armas de fuego entre los militantes de la APPO y del magisterio, la violencia se desató a través de la instalación de barricadas, del secuestro de estaciones de radio y canales de televisión, y de la virtual instauración de un estado de facto, en donde se violaron derechos al libre tránsito y se instauró la ley por propia mano.
La APPO y el magisterio crearon un estado de excepción mediante prácticas ilegales y hasta delincuenciales, que reclamaban la caída de un gobierno que, nos guste o no, es un gobierno legalmente constituido. Fueron muchas las voces que se alzaron para reclamar la renuncia de Ulises Ruiz, no sólo por sus desaciertos políticos, por sus pillerías, sino hasta porque tiró un centenario árbol del zócalo de la capital oaxaqueña. En efecto, Ulises Ruiz es acaso el peor gobernante en ejercicio, el más cuestionable, el más repudiado por sus gobernados, pero las prácticas empleadas por la APPO y el magisterio resultaron igual de cuestionables y de atentatorias de la vida de los oaxaqueños y de sus libertades fundamentales.
La APPO y el magisterio se propusieron la desestabilización política y social de Oaxaca -y hasta lo anunciaron de manera pública-, para alcanzar su objetivo fundamental: la caída del gobierno de Ulises Ruiz. Todo ello sin que intervinieran las fuerzas públicas locales o federales, a pesar de que se cometían delitos graves, y de que aparecían indicios de que la guerrilla oaxaqueña estaba detrás.
La estrategia, consistente en mostrar a todo el que quisiera verlo, que era patente e insostenible la ingobernabilidad y la inestabilidad política y social -y que hay que insistir, contó con la apatía de los gobiernos federal y estatal, y de los centros reales de poder-, no fue más que una medida de presión extrema, ilegal, que buscaba la caída de un gobierno que -además de sus incompetencias-, rompió con el reparto de dinero público para grupos sociales.
La ausencia de poder, la inútil negociación a la que convocó la Secretaría de Gobernación -que no era más que un espacio para negociar impunidad-, y los vacíos de autoridad que se crearon en Oaxaca, dieron como resultado que los espacios fueran ocupados por los grupos radicales de la APPO y del magisterio, a la aparición de tácticas bien identificadas con la guerrilla y a que ganara terreno lo más radical de esos grupos. Aparecieron luego las armas de fuego en manos de los inconformes, la instauración de un verdadero estado de excepción y la anarquía en su plenitud.
La refriega del pasado viernes -en donde perdieron la vida cuatro personas, una de ellas un periodista estadounidense-, en donde aparecieron armas de fuego en los dos bandos en disputa, no fue más que la confirmación de que la guerra civil a la que se empujó a Oaxaca había llegado a un punto extremo, insostenible, en un territorio en donde la vida no vale nada, porque no hay autoridad digna de respeto, y en donde los intereses reales están muy lejos de las balas. ¿Quién, de los dos bandos, pagará por la ruina de Oaxaca? Al tiempo.
